El ministro de Salud (s), Julio Montt, participó esta mañana en la ceremonia de promulgación de la ley de “normas de igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad”. La ceremonia se realizó en el palacio de La Moneda y fue encabezada por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, quien destacó en su discurso que la normativa es fundamental para nuestra sociedad al establecer el inicio de una nueva visión sobre la discapacidad en las políticas y programas del Estado.

Desde ahora se promoverá el reconocimiento de las diferencias que impiden a las personas con discapacidad su pleno desarrollo y se favorecerá la eliminación de la discriminación por esta causa. Esto, porque el nuevo cuerpo jurídico e institucional promueve la participación y accesibilidad de las personas con discapacidad en todos los ámbitos del quehacer social, político, cultural y económico del país.

En la ceremonia que se realizó en el patio de Las Camelias de la casa de gobierno también participaron Ministros de Estado, parlamentarios, representantes de partidos políticos, de Unicef, Fonadis y de organizaciones para la discapacidad.

Quienes sufren de alguna discapacidad esperaron por largo tiempo que se perfeccionara la Ley 19.284, que data del año 1994. El gobierno de la Presidenta Bachelet cumplió con ese compromiso al promulgar la Ley de “normas de igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad”, que representa un importante avance hacia la mejoría en la situación de más de 2 millones de chilenos discapacitados.

En esa línea, la mandataria aseguró “que teníamos una deuda pendiente por lo que era necesario actualizar el texto de 1994 con el objetivo de recoger el espíritu de las convenciones internacionales que firmamos en la materia como también para ampliar desde lo legal la perspectiva a través de la cual miramos hoy la realidad de las personas que sufren algún tipo de vulnerabilidad”.

Dentro de las medidas más relevantes de la nueva ley se establece una institucionalidad pública destinada a instalar la discapacidad como tema central de las políticas públicas, generando instituciones e instrumentos que dan cuenta de los nuevos desafíos que enfrenta el país en materia de igualdad de oportunidades, inclusión social, participación y accesibilidad de las personas con discapacidad. El cuerpo legal crea el Comité de Ministros de la Discapacidad, presidido por el titular de MIDEPLAN e integrado por los ministros de Educación, Justicia, Trabajo, Salud, Vivienda y Transportes. También establece la conformación del Servicio Nacional de la Discapacidad y de un Consejo Consultivo sobre el tema.

La Presidenta Bachelet, sostuvo, además, que el gobierno “ha puesto en el centro de su preocupación la política social en la idea fundada en el derecho de cada uno de los chilenos y de las personas que habitan en esta patria, de tener acceso a las mismas oportunidades sin importar la etnia, la edad, la condición física, económica o el lugar de nacimiento”. El nuevo cuerpo legal entiende la discapacidad como un complejo conjunto de condiciones, muchas de ellas creadas por el contexto o entorno social. Reconoce, asimismo, que la discapacidad no es un problema de la persona causado por una enfermedad, trauma o condición de salud.

La promulgación de esta ley es reconocida como un paso para que las políticas públicas superen los modelos de asistencialidad y proteccionismo y favorezcan aquellas medidas y acciones que promuevan una efectiva igualdad y equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad”.

A través de este nuevo cuerpo legal se fortalece la cooperación público-privada, enfatizando que la discapacidad afecta a toda la sociedad y que, por ello, es un deber de todos contribuir a superar las barreras que impidan o dificulten la plena integración de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás.

Entre otros aspectos, la nueva normativa establece que:

- Los medios de comunicación deberán utilizar subtitulado oculto y lengua de señas en campañas de servicio público, propaganda electoral, debates presidenciales y cadenas nacionales.

- Los medicamentos, alimentos de uso público y cosméticos deberán contar con rotulación en lenguaje Braile que informe el nombre del producto, fecha de elaboración y vencimiento.

- La totalidad de los medios de transporte público deberán realizar las modificaciones necesarias para asegurar el acceso de personas con discapacidad.

- Consagra el deber del Ministerio de Educación de considerar a los alumnos con necesidades especiales en las mediciones de calidad de la educación, como por ejemplo, el SIMCE y la PSU.

- Los establecimientos educacionales deberán hacer las adecuaciones curriculares en infraestructura y materiales de apoyo para el acceso y permanencia de las personas con discapacidad.

- Todos los edificios de uso público existentes hasta la fecha de publicación de la ley deberán ser accesibles para personas con discapacidad, dentro de un plazo de 3 años desde que se dicte su reglamento.

El Ministerio de Salud participó activamente en las diferentes etapas de la discusión de esta nueva ley planteando la necesidad de intervenir transversalmente la situación de discapacidad de las personas, considerando tanto aspectos biológicos, como psicólogos y sociales. Esto, en congruencia con el modelo biosicosocial (BSS) y de derecho, que guía hoy la intervención en discapacidad.

Adelantándose a esta orientación, y considerando la Ratificación por parte de Chile de la Convención Internacional de los Derechos de las personas en situación de discapacidad, desde 2003 el ministerio de Salud ha desarrollado una serie de iniciativas que contribuyen a la inclusión de las personas y sus familias.

Desde el 2005 a la fecha se han instalado Centros Comunitarios de rehabilitación, Salas de Rehabilitación Integral y Equipos Rurales de Rehabilitación a lo largo de Chile. Se ha incorporado a la Guías de práctica clínica de los problemas de salud cubiertos por el AUGE, acciones de habilitación y rehabilitación orientando están intervenciones en congruencia con el modelo BSS y la perspectiva de derecho en discapacidad.

Los cambios de los perfiles epidemiológico y demográfico ocurridos en Chile en los últimos años han puesto a las enfermedades y discapacidades mentales en un primer plano para la salud pública. El ministerio de Salud, en su decisión de adecuarse a las necesidades de la población, de acuerdo a los cambios epidemiológicos, formuló en el año 1999 el Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría e inició su implementación gradual y sistemática a partir del año 2000. En este Plan se explicita la necesidad de implementar un modelo de atención comunitario y terminar con la discriminación, exclusión y estigmatización de las personas con enfermedades y discapacidades mentales.

En los 10 años de desarrollo del Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría se han logrado avances notables en la red pública de salud, lo cual ha sido reconocido internacionalmente. A diciembre de 2008, más de 500 mil personas estaban en control por los principales diagnósticos de trastornos mentales.